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Boletín de noticias 29 de febrero de 2012
EL TIEMPO
ANULADA LA ELECCIÓN DE LA FISCAL GENERAL VIVIANE MORALES
Presidente Santos debe presentar otra terna. Mientras tanto podría quedar a cargo el vicefiscal.
La decisión fue tomada por el alto tribunal por 15 votos contra nueve.
Es la primera vez que se cae la elección de un Fiscal General, desde que la Constitución de 1991 creó esta figura.
La razón principal de la caída de la elección del Fiscal, según el magistrado Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado, es que falló el mecanismo de elección en la Corte Suprema de Justicia
"En el reglamento está establecido que para la designación deben reunirse las dos terceras partes de las votos de la corporación. Es decir, debían ser 16 y la elección se produjo sólo con 14", dijo Gómez a medios.
"No era factible que los 14 votos que obtuvo (Morales) tuvieran la competencia jurídica suficiente para salir elegida en términos de derecho", explicó el Presidente del Consejo de Estado.
Cambio irregular en el reglamento fue decisivo
El argumento principal de la trascendental decisión, que revive la interinidad en la Fiscalía después de un año y dos meses, fue que la Corte Suprema de Justicia, para destrabar un proceso de elección que completaba 16 meses, modificó a finales de noviembre del 2010 su reglamento interno, sin cumplir los requisitos exigidos.
La consecuencia de esa determinación es que Morales permanecerá en el cargo hasta que sea notificada y, una vez se surta ese paso, la Corte Suprema de Justicia debe elegir a un encargado, como lo hizo en el 2009 cuando Mario Iguarán completó su período y se dilató su reemplazo.
La ponencia inicial, elaborada por el magistrado Alberto Yepes, desechaba todos los argumentos contra la elección de Morales. Pero no tuvo el apoyo de la mayoría y por eso quedó en firme la decisión contraria: debe haber un nuevo proceso de elección de fiscal general
Por eso, ahora debe empezar un trámite de elaboración de la ponencia en sentido contrario y de notificación del fallo.
El presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez, dijo que en dos semanas, aproximadamente, ese tribunal entregará el fallo final con todos los argumentos jurídicos que se tuvieron en cuenta para decretar la anulación de la elección de la fiscal general Viviane Morales
La elaboración de esa providencia quedó en manos del magistrado Víctor Hernando Alvarado Ardila, de la Sección Segunda de esa corporación, quien deberá resumir los puntos que se contemplaron para acoger la demanda. Mientras se surte este trámite, Morales continuará ejerciendo el cargo.
¿Puede la Fiscal hacer parte de la nueva terna?
Aunque algunos magistrados apoyaron la tesis de que la última terna no era legítima, porque la anterior (propuesta por el gobierno Uribe) no se había disuelto, el tema no alcanzó mayorías. En consecuencia, el presidente Juan Manuel Santos deberá elaborar una nueva lista de candidatos, entre los que podría estar Morales, para que la Corte proceda a su elección pero cumpliendo todas las reglas.
Sin embargo, el Presidente no podrá conformar otra terna hasta tanto que no quede en firme la nulidad de la elección.
"Una vez se produzca la decisión del Consejo de Estado que recoja la posición mayoritaria de la Sala, deberá dejar el cargo y se procederá a reconformar una terna y la Corte Suprema de Justicia designará la correspondiente persona que ocupe el cargo" dijo Gómez.
La clave de la decisión
El acta 40 de la Corte Suprema de Justicia, correspondiente a la sesión de Sala Plena, celebrada el 23 de noviembre de 2010 y fue revelada por EL TIEMPO.COM, fue la pieza clave de la demanda que discutieron los 27 miembros del Consejo de Estado contra la elección de la fiscal General, Viviane Morales Hoyos.
En ese documento está el procedimiento que la Corte Suprema de Justicia aplicó para acabar con el bache de 16 meses en la elección del sucesor de Mario Iguarán, proceso que fue demandado y que le costó el cargo a Morales.
Ese día la Corte se declaró en sesión permanente para destrabar el proceso de elección. En las discusiones sólo estaban presentes 18 de los 23 magistrados de la corporación, pues para ese momento había cinco vacantes por cumplimiento de periodo.
Y la fórmula que se decidió, que al final fue la definitiva, fue darle un giro al reglamento interno de la Corte, que obligaba a que la elección fuera respaldada por al menos 16 magistrados (dos terceras partes, mayoría calificada).
Morales salió elegida con 14 votos --los mismos que habían obtenido antes otros ternados como Margarita Cabello-- porque los magistrados consideraron que la mayoría debía definirse sobre el número de magistrados activos en la Corte (18) y no sobre los 23.
Ese mismo día, varios miembros de la Corte advirtieron sobre la posible ilegalidad del procedimiento. La intervención más contundente fue la del entonces presidente de la Corte, Jaime Arrubla, quien señaló lo siguiente:
"Dentro de los males que ocasionaría esto: uno, que la decisión va a ser demandada, va a ser criticada; y otro, que la Corte no salga con nada porque no surtieron efectos los mecanismos que pusimos en marcha y que debieron haber arrojado por lo menos 16 votos (...) Yo creo que entre esos dos males para la Corte, opto por interpretar positivamente esta propuesta (la del cambio de mayoría), a pesar de que, repito, yo mismo tengo mis reservas. Eso sí, lo hago por esta sola vez y para que salgan estas votaciones. Si no salen, tampoco vuelvo, ni quedo obligado a seguir interpretando de esta manera". (Lea también: Viviane Morales, la primera mujer al frente de la Fiscalía).
En general, sobre el cambio que hubo respecto al número de magistrados que estaban habilitados para elegir el fiscal hubo dos posturas en la Corte: un grupo de magistrados del Consejo de Estado consideró que tal cambio fue inconstitucional, porque en la Carta Política se señala que el reglamento de las altas cortes lo fijarán ellas mismas, sin lugar a interpretaciones, mientras que otro grupo de magistrados consideró que los tribunales sí pueden tomar esas decisiones sobre la marcha, siempre que así lo decida la mayoría.
Morales, integrante de la tercera terna que había sido puesta a consideración de la Corte por el Ejecutivo (dos del gobierno Uribe y una del gobierno Santos), se convirtió así en la primera mujer en ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación. (
Morales, quien nació el 17 de marzo de 1962 en Bogotá, es abogada egresada de la Universidad Rosario.
Llegó a la Cámara de Representantes en 1991 y en 1998 saltó al Senado. Además, fue Viceministro encargada de desarrollo económico y autora de proyectos como la ley estatutaria de la libertad religiosa, la ley de las acciones populares y de grupo y la ley de cuotas.
'PUDO HABER UN ERROR PERO JAMÁS MALA FE', PRESIDENTE DE LA C. SUPREMA
El magistrado Javier Zapata dice que el alto tribunal no prevaricó al elegir a fiscal Morales.
En diálogo con 'La W Radio', el magistrado Javier Zapata, presidente de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo que el alto tribunal acatará y cumplirá el fallo del Consejo de Estado, que anuló la elección de la fiscal general Viviane Morales y defendió que la intención que la Corte fue dar pronta solución a la prolongada interinidad en la jefatura del ente acusador.
"Tuvimos que llegar a la conclusión de que como era urgente la elección de Fiscal, el quórum tenía que tomarse entre los asistentes", sostuvo el magistrado Zapata.
El alto tribunal tomó la decisión de elegir a la fiscal Viviane Morales con 14 votos, los mismos que Margarita Cabello, una de las anteriores ternadas y quien no fue designada.
El error de la Corte Suprema en la elección de Morales, según el Consejo de Estado, estuvo en haber interpretado que el reglamento interno de la mayoría absoluta (elegir Fiscal con 16 votos entre un total de 23 magistrados) podía modificarse para elegir a Morales con un quórum de sólo 18 magistrados.
"Vamos a solicitarle al Presidente de la República la conformación de una nueva terna. Ese es el paso a seguir", agregó Zapata.
POR FALLO DE TUTELA ESTÁ EN VILO ELECCIÓN DE GOBERNADOR DEL MAGDALENA
Un fallo de tutela podría ocasionar un terremoto político en el mapa de este departamento.
El gobernador, Luis Miguel Cotes, y los 13 diputados del departamento deberán ser separados de sus cargos, pues, en un fallo, un juez dejó sin efectos los actos administrativos que declararon su elección.
La decisión también cubre al alcalde de Zona Bananera, Luis Alberto Molinares, y a los concejales del municipio.
El fallo fue proferido por el juez primero de ejecución de penas de Santa Marta, Napoleón Barraza, quien habría encontrado irregularidades en las elecciones de Zona Bananera, tras estudiar una tutela interpuesta por el exdiputado y excandidato a la Asamblea Jorge Castaño Caamaño.
El juez amparó los derechos fundamentales del principio de la legalidad de la norma, defensa, contradicción ante las autoridades electorales y debido proceso y el de elegir y ser elegido de Castaño, a consecuencia de las actuaciones de la Comisión Escrutadora Departamental del Magdalena y de la Municipal de Zona Bananera.
Entre los argumentos esgrimidos por Castaño, según el juez, están el nombramiento como claveros de secretarios de los despachos judiciales en lugar de jueces; el traslado de los escrutinios desde Zona Bananera hasta Santa Marta mediante una orden telefónica, y la violación de la cadena de custodia de los documentos.
Según la providencia, en el caso del Gobernador y de la Asamblea se deben realizar nuevos escrutinios, excluyendo la votación de Zona Bananera. El mismo fallo ordena realizar, en un término de dos meses, contados a partir de la notificación del fallo, nuevas elecciones en Zona Bananera, para alcaldía y concejo.
La Presidencia deberá designar un gobernador encargado, y este a su vez nombrará al alcalde encargado de Zona Bananera, hasta que se resuelva la situación. Contra este fallo procede el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Santa Marta.
GEMELAS FUERON ENTREGADAS EN ADOPCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE PADRES
Las dos niñas son hijas de una pareja de desplazados de Bolívar. Los tiene una pareja de españoles.
Eduardo Ospino Morales, un campesino que huyó con su esposa del asedio paramilitar en San Martín de Loba (Bolívar), vive un nuevo drama e intenta evitar que saquen a sus dos hijas gemelas del país, que fueron entregadas en adopción a una pareja de españoles por funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La historia de Ospino comenzó en septiembre del 2010, cuando llegó con su esposa embarazada a Bucaramanga. Su mujer tan solo tenía 15 años, y tres días después de llegar a la capital santandereana dio a luz en el Hospital Universitario de Santander (HUS).
El hombre, de 27 años y las manos encallecidas por el trabajo que realiza cuidando búfalos en una finca de Barrancabermeja, narró que, por dificultades económicas, entregó sus hijas gemelas al cuidado de la entidad, que durante un año las mantuvo en un hogar sustituto en Girón, a 30 minutos de Bucaramanga.
Según él, nunca les aseguró a las funcionarias que atendieron su caso que podían dar en adopción a las niñas, que nacieron hace 17 meses.
"No tenía plata y en el ICBF me las recibieron y dijeron que cada 15 días debía visitarlas. Me salió trabajo en Barrancabermeja (a tres horas) y cuando no podía viajar les pedía a familiares el favor de ir por mí. Nunca me dijeron que las niñas habían entrado en proceso de adopción, y cuando me contaron, ya era muy tarde", dijo el desplazado, quien se enteró el pasado 2 de febrero que las niñas habían entrado en un proceso de adopción.
"Intenté hablar con los funcionarios del ICBF, pero no me atendieron y las entregaron el 10 de este mes", agregó.
Víctor López, director ejecutivo de la Fundación Jesica, de Bogotá, que asesora a los padres, precisó que en la adopción se habría incurrido en varias anomalías, pues, según él, los padres habían buscado ayuda del instituto solo para la manutención de las gemelas.
"Además, los papás nunca firmaron un documento donde dieran su aprobación a la adopción. Por eso, la pareja denunció al ICBF por los presuntos delitos de secuestro, adopción irregular, tráfico de personas, abuso de autoridad y prevaricato. El Estado debe intervenir para restablecer inmediatamente los derechos de las niñas, que son prevalentes", agregó López.
Olivia Uribe, quien durante un año fue la madre sustituta de las niñas, dijo que no se cumplió con el protocolo normal que se desarrolla en este tipo de adopciones, pues "todo fue muy rápido y sin mayores explicaciones". "Además, la mamá de las niñas es menor y en el ICBF nunca la han atendido, a pesar de que ya tiene una tercera hija", dijo.
Las niñas no han salido
Al parecer, una de las causas que habrían originado la adopción, según el papá de las niñas, es que, tras un examen, se habría detectado que la madre sufriría de alguna anomalía mental que no le permitiría criar a sus hijas.
"Mi esposa es normal y cualquier persona lo puede verificar", agregó Ospino.
La pareja de los españoles que recibieron las niñas en adopción se encuentra en Bucaramanga donde, por ley, deben permanecer un mes en un proceso de adaptación con sus futuras hijas.
En repetidas oportunidades, EL TIEMPO intentó comunicarse con la directora regional del ICBF en Santander, Ruth Vaca, pero la funcionaria, que viajó a Bogotá, no respondió las llamadas.
Funcionarios del instituto aseguraron que emitirían un comunicado, pero al cierre de esta edición no se había expedido.
JUECES DE TIERRAS AÚN NO RECIBEN PROCESOS DE RESTITUCIÓN
Están hoy dedicados a resolver tutelas, pues hasta ahora no les ha llegado el primer caso.
Cinco jueces especializados que fueron nombrados hace más de 40 días para atender los primeros procesos de restitución de tierras están hoy dedicados a resolver tutelas, pues no les ha llegado el primer caso de campesinos que reclaman predios que les quitaron los violentos.
Los funcionarios judiciales, que despachan en los tribunales superiores de Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta y Medellín, están desde el 11 de enero esperando el primer paquete de 300 casos que, según el Ministerio de Agricultura, estarían listos para pasar a esa justicia especializada.
"A la fecha, los cinco Jueces Civiles del Circuito especializados en restitución de tierras no han recibido ningún proceso. Por eso se les están entregando por reparto asuntos civiles", confirmó el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Néstor Correa.
Aunque los primeros cinco nombrados aún no tienen trabajo, la Judicatura ya tiene listos los nombramientos de otros 22 jueces de tierra, junto con cinco salas especializadas para resolver los asuntos de restitución de tierras en segunda instancia.
'CORTE DEBE DESIGNAR REEMPLAZO DE MORALES MIENTRAS ELIGE FISCAL'
Así lo explicó el presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez.
Tras nueve horas de deliberación, el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Gustavo Gómez, anunció la decisión que tomó por mayoría ese tribunal de anular la elección de la fiscal Viviane Morales. También aclaró que las decisiones que ha tomado la funcionaria no se afectan con la declaración de nulidad.
¿Cuáles son los efectos de la decisión?
Se decretó la anulación de la elección de la fiscal general Viviane Morales. Eso significa que, una vez quede en firme la decisión del Consejo de Estado, el Presidente de la República debe proceder a recomponer una terna y la Corte Suprema a designar el correspondiente funcionario para este cargo tan importante.
¿Debe entregar su cargo de inmediato?
Hay un principio de función pública, que es la continuidad en el cargo de las personas que lo desempeñan hasta que no llegue quien lo vaya a reemplazar. pero los actos administrativos, cuando los anula el juez de lo contencioso, desaparecen de la vida jurídica y naturalmente se produce una vacancia.
¿Quién quedará al frente de la Fiscalía mientras se elige un nuevo Fiscal General?
Será el nominador, en este caso la Corte Suprema de Justicia, el que llene este vacío que se presenta. Luego vendrá la fase de reintegración de la terna y su designación.
El tortuoso camino de la Fiscalía en los últimos tres años
Agosto de 2009
El fiscal Mario Iguarán abandona la Fiscalía tras terminar su periodo e inicia en el organismo una interinidad que duró 16 meses.
Noviembre de 2009
Álvaro Uribe le reclama a la Corte por la demora en la elección. Los ternados eran Virginia Uribe, Camilo Ospina y Marco A. Velilla.
Octubre del 2010
El presidente Juan Manuel Santos, entrega una nueva terna a la Corte en la que incluye a Viviane Morales.
Noviembre 2010
Los magistrados hacen una interpretación del reglamento y cambian de 16 a 14 el número de votos para elegir Fiscal.
GOBIERNO TENDRÁ QUE RECOMPONER TERNA Y MORALES PUEDE SER INCLUIDA
Gobierno ya inició consultas para determinar los alcances de la decisión del Consejo de Estado.
Aunque el Gobierno y la Corte Suprema esperan analizar el fallo que obliga a la elección de un nuevo Fiscal, en cualquiera de los escenarios jurídicos el Ejecutivo debe barajar una nueva terna.
Fuentes del Consejo de Estado explicaron que si el vicio de la elección se centra tan sólo en el número de magistrados que hicieron la mayoría en la elección de Viviane Morales (14 y no 16 votos), se podría poner de nuevo en consideración la terna en la que ella figura.
Pero dos de sus miembros –el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y el jurista Carlos Gustavo Arrieta– no están interesados en que sus nombres se vuelvan a postular.
Y aunque el de Morales podría ser reincorporado es incierto si el gobierno Santos está interesado en volverla a postular, tras la polémica surgida en torno a su esposo, el excongresista Carlos Alonso Lucio.
Un grupo nutrido de consejeros también puso en entredicho la legalidad del cambio de terna por parte del Gobierno Santos, pero su postura fue derrotada. Y aunque se podrían reconsiderar algunos nombres de ese grupo, Margarita Cabello (que alcanzó los mismos 14 votos de Morales) ya no puede aspirar por haber sido elegida magistrada de la Corte Suprema.
Tampoco el abogado Jorge A. Gómez, que superó la edad de retiro. Los únicos que podrían seguir jugando son el consejero Marco Velilla y la propia Morales.
Desde este martes mismo, el Gobierno inició consultas para determinar los alcances de la decisión del Consejo de Estado y para empezar a definir quiénes estarían en la lista de postulados.
Una vez elaborada la terna, de nuevo el balón estará en manos de la Corte Suprema, que en el anterior proceso se tomó 16 meses antes de inclinarse por Morales.
PACIENTES CON ENFERMEDADES HUÉRFANAS LE DICEN AL MUNDO QUE EXISTEN
Estos niños sufren de mucopolisa- caridosis tipo VI, enfermedad rara de origen genético.
En Colombia sus tratamientos no están incluidos en el POS.
Madre soltera de tres hijos. Los cuatro, y dos hermanos de ella, tienen la enfermedad de Fabry, un rarísimo trastorno causado por un gen anormal que impide al cuerpo producir suficientes cantidades de una enzima que facilita la eliminación de ciertas sustancias de algunas células, principalmente en los vasos sanguíneos, el hígado, el corazón, la piel y el cerebro.
Flor Elba trabaja en las tardes como auxiliar de enfermería por prestación de servicios, cuando el cuidado de sus hijos y las complicaciones que ya sufre en el riñón y la visión se lo permiten.
Su EPS lleva mucho tiempo negándoles un tratamiento oportuno.
El mal de Flor Elba y su familia es tan poco común que se clasifica dentro de las llamadas enfermedades huérfanas. Uno de los problemas más graves que enfrentan sus pacientes es que sus diagnósticos suelen ser tardíos, por desconocimiento, incluso dentro del cuerpo médico. Además, casi nadie les presta atención.
Los medicamentos que requieren son de alto costo y la investigación, escasa. Muy de vez en cuando un laboratorio se ocupa de producir fármacos para ellos, porque no pueden vender en cada país por millones, sino por cientos o miles.
Las enfermedades raras afectan, en promedio, a uno de cada 2.000 habitantes. En el mundo se calcula que hay casi 7.000 identificadas (porfiria, gigantismo, enanismo, neurofibromatosis y esclerosis lateral amiotriófica son algunas de ellas), pero solo se han desarrollado tratamientos para unas 50.
La mayoría afecta simultáneamente a varios órganos y sistemas del cuerpo; de hecho, si no se tratan a tiempo incapacitan, degeneran e incluso matan.
Según la Organización Europea para las Enfermedades Raras, los afectados reciben un primer diagnóstico errado en el 40 por ciento de los casos, y el 25 por ciento demoran entre 5 y 30 años en saber qué tienen.
Amanda Reyes entra en este último grupo. Le diagnosticaron acromegalia a los 64 años (hoy tiene 67), pero los médicos calculan que la padece desde hace por lo menos tres décadas. Es una enfermedad silenciosa, generalmente acompañada de un tumor benigno, que ataca a los adultos y enloquece la producción de la hormona del crecimiento.
A ella le empezaron a crecer de manera desproporcionada las manos, los pies, la nariz, la lengua, los órganos internos... Como no le detectaron la enfermedad a tiempo, y no pudieron operarla para extirparle el tumor, hoy tiene todas las complicaciones posibles. Pesa 130 kilos, sufre de hipertensión arterial, de diabetes.
"Yo soy lo que llaman una paciente de muy alto costo para el sistema", dice como burlándose también de sus problemas.
La última semana de cada febrero las asociaciones que agremian a estos pacientes se reúnen para compartir sus logros y problemas, se esfuerzan por contarle al mundo que ahí están, que existen.
Pero Flor Elba no tiene muy presentes esas fechas o poco le importa que la ciencia médica haya descubierto que casi el 80 por ciento de estos males son de origen genético. Lo que no se explica es por qué ella se ganó una lotería. La suya, la de Fabry, tiene una prevalencia de uno entre 117.000 personas.
- ¿Por qué a mí?, se pregunta todos los días.
Con frecuencia siente que se le acaban las fuerzas, pero no se rinde. Le preocupa que llegue el día en que no pueda levantarse para llevar o traer documentos, para luchar porque el sistema los trate "como a cualquier otra persona, de forma digna".
En noviembre pasado ganó una tutela, pero ya es marzo y ella y sus tres hijos siguen sin recibir las ampolletas que deberían aplicarse mensualmente. Cada una cuesta casi 17 millones de pesos. Flor Elba y su segundo hijo las han recibido de manera intermitente, casi siempre donadas. Los otros dos nunca han tenido tratamiento, y por eso estudiar se ha vuelto un problema. El cansancio, la debilidad, los mareos no se lo permiten.
Los Rincón viven en el barrio 20 de Julio, en el suroriente de Bogotá, en una casa a medio terminar (la vista desde el tercer piso, eso sí, es envidiable. Las montañas ahí no más, toda la ciudad. Esa es una de las pocas cosas que la hacen sonreír).
Su ley no sale del papel
No se sabe con exactitud cuántos son los afectados en Colombia.
El Ministerio de Salud calcula que son unos 800 mil y las organizaciones de pacientes estiman que se acercan al millón y medio.
Más allá de la cifra, todos coinciden en la difícil situación que enfrentan. "Es como estar en el limbo", dicen. Por eso trabajaron duro por sacar adelante una ley, la 1392, que los reconoce, ampara y facilita su tratamiento dentro del sistema. Pero a pesar de haber sido expedida en julio del 2010, no se ha reglamentado.
La norma reconoce estos males como "de interés especial", propone un registro nacional único de pacientes, abre vías para la creación de un sistema de financiación de sus tratamientos e, incluso, plantea que exista una red de centros especializados para atenderlos.
Los tratamientos, además, deben incluir un acompañamiento emocional para los afectados y las personas que los cuiden. Está tan bien hecha la ley, reconocen todos, que también busca que en las facultades de medicina se instaure una cátedra sobre enfermedades huérfanas. Y ha sido ejemplo para países como Ecuador y Perú.
"Esta ley era una solución alternativa, porque nunca esperamos soluciones dentro del POS; pero no hemos podido beneficiarnos porque han pasado casi dos años y todavía no se ha reglamentado ni un solo artículo", dice Luz Victoria Salazar, directora de la Asociación Colombiana de Pacientes con Enfermedades del
Depósito Lisosomal. Es una de las voces más activas en la búsqueda de que se les reconozcan sus derechos.
Según la ministra de Salud, Beatriz Londoño, a comienzos de febrero empezaron a funcionar unas mesas de trabajo entre representantes del Ministerio y de las asociaciones de pacientes para ponerle el acelerador al trabajo que debió haberse hecho hace mucho tiempo.
"No los vamos a abandonar, ni queremos que sean las cenicientas del sistema. Queremos que sientan que nos preocupamos por ellos", afirma. Para eso, prometió un censo que establezca exactamente cuántas son las personas con enfermedades huérfanas en Colombia.
Hasta que la Corte Constitucional expidió, en el 2008, la famosa sentencia T-760, estos pacientes obtenían cerca del 85 por ciento de sus tratamientos vía tutela. Luego eran aprobados por los comités técnico-científicos de las EPS, que a su vez los recobraban al sistema.
La situación cambió, y para mal, desde el pasado primero de enero. Una paradoja, porque ese día se presentó la primera gran actualización del POS en sus 18 años de existencia, y se incluyeron 197 nuevos procedimientos, dispositivos médicos o medicamentos.
"Volvimos a quedar por fuera del POS, la ley no funciona todavía y muchas veces las EPS no atienden a los pacientes porque alegan no tener claro cómo recobrar ahora los servicios que prestan", explica Salazar.
A Roger Franco le pasa eso. Tiene 30 años, pero aparenta más. La razón puede estar en la mucopolisacaridosis (MSP) 1, enfermedad genética y degenerativa que solo castiga a una de cada 100.000 personas. Por culpa de este extraño mal, Roger tiene problemas en su desarrollo motor y una talla anormalmente baja para su edad. Desde hace unos meses, aunque pasa juicioso las solicitudes a su EPS para que le den el medicamento que necesita, se queda sin respuesta. Y sin tratamiento.
Financiación especial del Estado
Las soluciones de los problemas que ahora enfrentan los pacientes de las enfermedades raras, según Jaime Arias, presidente de Acemi (que agremia a la mayoría de las EPS del contributivo), "son a corto y a largo plazo y dependen de la voluntad y la celeridad que el Gobierno le imprima al proceso de reglamentación de la Ley 1392".
A corto plazo -plantea-, deberían ser incluidas dentro del POS. A largo, se podría imitar el modelo de algunos países europeos en los que el Estado crea un sistema de financiación especial para ellos y lo costea por completo.
"Mientras tanto, asumiremos los recobros, aunque muchos de esos medicamentos que piden no están aprobados por el Invima. Esos, no podemos dárselos", dice.
LA CORTE Y LA NIÑA
Por: Florence Thomas*
Una vez más, la Corte protege y reafirma los derechos de las mujeres en relación con su autonomía para decidir sobre su cuerpo.
Un importante avance y reafirmación del derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado.
Imaginemos una niña de 12 años que ya es madre. Imagínese que fuera su hija o su sobrina. Una niña que hoy no logra discernir si está jugando con una muñeca o con su bebé. Ahora no es necesario que se lo imagine, esto ocurre diariamente en Colombia.
El caso del que voy a hablar es la concreción de la anterior pesadilla. Una niña de 12 años quedó embarazada. Ella solicitó una interrupción de su embarazo de manera oportuna, pero fue obligada a continuarlo por la inoperancia y violación manifiesta de sus derechos por parte de la entidad de salud a la cual estaba afiliada, poniendo en grave riesgo su salud física y mental. Hoy día, esta niña es madre. Una niña más con posibilidades de escolaridad ya precarias, disminuidas; con un proyecto de vida truncado y una situación que reproduce el círculo de pobreza y restringe la capacidad de soñar.
En vista de la negativa de la entidad de salud y con el apoyo y asesoría jurídica de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, ella solicitó el procedimiento por vía de tutela. Desafortunadamente, y de nuevo, las entidades encargadas de proteger sus derechos la dejaron desamparada negando su solicitud, pues el juez de conocimiento se aprovechó indebidamente del poder que le otorga su función para hacer valer sus convicciones personales por encima de dos conceptos médicos aportados por la solicitante.
La Corte Constitucional abordó este caso y dio a conocer esta semana la sentencia T-841 del 2011 en la que rechaza la posición del juez de conocimiento, declara que se le causó a la menor un daño irremediable y condena a la EPS a pagar una indemnización en la que se deberá tener en cuenta su condición de menor de edad, el daño a su salud mental y la afectación a su proyecto de vida. Todo esto, por no garantizar un derecho existente desde el año 2006.
La sentencia T-841 del 2011 obliga, además, a todos los jueces de la república a guardar confidencialidad sobre los nombres y datos de las mujeres que soliciten una interrupción del embarazo. La decisión es tan clara, que el funcionario o la funcionaria que rompa con esta regla estará prevaricando. Asimismo, reitera el plazo de cinco días máximo para que cualquier entidad de salud del país dé respuesta efectiva, es decir pronta y real, a la solicitud de interrupción de un embarazo. Reafirma que los médicos están en la obligación de hacer valoraciones oportunas y de expedir los certificados requeridos que deben coincidir con los resultados del examen médico realizado. Por otra parte, recuerda -porque ya lo había establecido en anteriores sentencias- que son válidos los certificados expedidos por médicos que no están adscritos a la red de la EPS en cuestión, punto muy importante teniendo en cuenta las inexplicables dilaciones de las EPS cuando deciden que los únicos certificados válidos son los de sus especialistas y asignan nuevas citas a la paciente.
Una vez más, la Corte Constitucional cumple sus funciones, protege y reafirma los derechos de las mujeres en relación con su autonomía para decidir sobre su cuerpo en los tres casos previstos para la interrupción de un embarazo en Colombia. Esta sentencia insiste en que la salud debe ser interpretada integralmente, no solo en el aspecto físico sino en el emocional y social, lo que constituye un importante avance y reafirmación del derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado. Bien por la Corte Constitucional y felicitaciones a la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Seguiremos en nuestro empeño de no dar un solo paso atrás para defender derechos adquiridos y exigir a las instituciones de salud el estricto cumplimiento de los ordenamientos legales.
EL ESPECTADOR
VIVIANE MORALES PUEDE PRESENTAR UNA TUTELA ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL"
El presidente de la Corte Suprema de Justicia manifestó que existen recursos jurídicos frente a la decisión de Consejo de Estado.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Zapata manifestó la fiscal General, Viviane Morales tiene una serie de recursos jurídicos para pedir alguna aclaración o corrección ante el Consejo de Estado, que el pasado martes declaró nula su elección como jefe del ente investigador, además de la posibilidad de presentar una acción de tutela.
Según el magistrado Zapata, “toda persona que crea que se le están violando sus garantías pueden presentar un recurso de tutela ante la Corte Constitucional”, sin embargo si esta es la decisión de Viviane Morales deberá de todos modos abandonar el cargo, puesto que se debe cumplir de manera inmediata la decisión del Consejo de Estado.
“Ante el Consejo de Estado podría recurrir un recurso por parte de los interesados como la corrección u aclaración”, precisó el magistrado en entrevista con Caracol Radio, señalando que es menester conocer la decisión del alto tribunal, para poder emitir un concepto público.
El presidente de la Corte Suprema consideró que sí se incurrió en “un error” en el momento de hacer la votación con 18 magistrados, señalando que no se podía cambiar el reglamento interno de la Corporación en este tipo de casos.
“La Corte Suprema para este momento, por escases de quórum tomó esa decisión, no había otra salida. La dos terceras partes se deducían de los 18 de los 23 magistrados que conforman la Sala Plena, sin embargo en ese momento cinco togados estaban por fuera. Digo que no se cumplió con el requisito que tenía la Corte pero era porque estábamos en un momento de crisis”, precisó Zapata.
En este punto aseguró que pese a que la elección de Morales Hoyos se declaró nula, esta decisión no afecta las decisiones que tomó durante su año y un mes de gestión al frente de la Fiscalía, entre las cuales se destacan los temas de Agro Ingreso Seguro, Carrusel de la Contrtación y Chuzadas del DAS, entre otras,
¿Cuál es el paso a seguir?
El presidente de la Corte Suprema de Justicia precisó que en este momento la ley manifiesta que si por alguna razón el Fiscal General tiene que alejarse de su cargo de manera temporal o definitiva, debe ser el Vicefiscal el encargado de asumir el puesto y sus funciones.
Si el Vicefiscal, en este caso Wilson Martínez, no acepta dicha responsabilidad, el alto tribunal tendrá que escoger a otro alto funcionario de la Fiscalía para que desempeñe de manera temporal en el cargo, mientras la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia realiza una nueva elección.
Dependiendo del evento, como en este caso que la nulidad de la elección manifiesta una salida del cargo es definitivo, se le solicitará al presidente de la República la conformación de una nueva terna y esta vez con los 23 magistrados se realizará la votación.
“El Fiscal tendrá que ser un encargado y asumirá todas las funciones. La Corte debe darle cumplimiento a la nulidad del acto administrativo con el que se eligió a Viviane Morales y revisar si se sufrió alguna afectación a dicha terna”, aclaró.
SECRETARIO DE SALUD CUESTIONÓ PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL SAN JUAN DE DIOS
Según el Distrito la agente liquidadora abusó de su función y vendió predios de manera irregular.
Como una “situación preocupante” calificó el Secretario de Salud de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo presentó serias críticas y cuestionamientos al proceso de liquidación que se adelanta desde hace algunos años de la Fundación San Juan de Dios.
Según el funcionario, en este proceso se han presentado serias irregularidades en la liquidación adelantada por Ana Karenina Gauna, a quien acusó de querer “apoderarse” de los Hospitales San Juan de Dios y Materno Infantil.
“La liquidadora se ha ido tomando la Institución por pedazos, a tal punto que hoy amenaza y arrastra a la ruina”, aclaró airadamente Jaramillo, quien le solicitó a la Procuraduría General que se revisen todos los documentos y cuentas de la liquidación.
Para el Secretario de Salud, mucho del dinero que ha registrado la agente liquidadora no han sido invertidos de la manera correcta, y en cambio se habría aprovechado de la situación y su condición para vender bienes del Hospital a privados y particulares.
“Hay una acción irregular porque vendió irregularmente un lote al cancerológico del complejo San Juan de Dios. El parqueadero del Materno Infantil se lo vendieron a un particular”, manifestó durante la rendición de cuentas de la liquidadora, de la cual consideró se extralimitando de sus funciones.
Jaramillo manifestó además, de una forma muy airada, que existe muy poca información sobre las actuaciones de Ana Karenina, precisando que “la liquidadora no le rinde cuentas a nadie. Necesitamos saber y palmar en qué se gastan las plata y los sueldos de estos asesores que parecen un sequito de troyanos detrás de ella protegiéndola”.
EN EL 'LIMBO' PROYECTO QUE OTORGA DOS CURULES EN SENADO A LAS NEGRITUDES
Poca 'suerte' de ser aprobado de momento tiene el proyecto de reforma constitucional que busca aumentar de 102 a 104 el número de Senadores de la República, para otorgarles a las comunidades afro-descendientes dos curules más.
El promotor de la iniciativa, el senador Hernán Francisco Andrade, reconoció que actualmente la iniciativa está "en el limbo" pues "en el país del Sagrado Corazón de Jesús, para darles dos curules adicionales, necesitamos consultarles a los afro si ellos quieren".
El lío de la consulta ni el Gobierno dispone del dinero para poder adelantarla con todas las comunidades de negritudes que hay en el país.
"Consultarle a los afro, me dice Luis Felipe Henao (viceministro del Interior), vale $3.000 millones y quién los pone", señaló.
Para el legislador "es un absurdo constitucional y legal" que se tenga que hacer esa consulta, cuando se está buscando "un país igualitario".
"No se puede pensar que todos los temas a los afro e indígenas debe consultárseles (…) la Corte ha querido metérsele en el rancho al Congreso en cada concepto porque no tiene ningún sentido que un proyecto de esta categoría, que es para ampliar un derecho, tenga que ir a consulta", aseguró.
El 'plan B' para las dos curules para las negritudes sería aprobar el proyecto y que la Corte Constitucional reconsidere su posición frente a la consulta previa y module el fallo.
"Las consultas tienen una lógica cuando se van a afectar unos derechos pero este beneficio va en beneficio de los afro-descendiente", concluyó.
EL TRASEGAR INDÍGENA
Editorial
Hace 30 años un gran núme- ro de indígenas se reunieron en Bosa para debatir sobre los temas corrientes de su largo trasegar por este país: la occidentalización de sus culturas, la evangelización, la explotación por parte del mundo blanco, cosas así. Y de esta forma, bajo estos lineamientos y otros mucho más fuertes, se creó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que hasta hoy mantiene la lucha. Sobrevive.
Un ejemplo palpable de ello fue su participación en una amplia Mesa de Concertación entre el Gobierno y los pueblos indígenas para realizar un decreto con fuerza de ley que incluyera, en relación con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una visión diferencial para reparar a esta población, una de las más azotadas por la violencia secular. Por ejemplo, en el documento resultante, el territorio quedó bajo la etiqueta de víctima, una realidad impensable años atrás.
Pese a esa lucha que han sostenido en nombre de los pueblos indígenas, y a las miles de batallas jurídicas que encabezan, las poblaciones que ellos tratan de proteger siguen bajo un manto terrible de malas noticias: tal y como lo dice el informe “Palabra dulce, aire de vida”, de los 102 pueblos que viven en Colombia, 32 de ellos despiertan una gran preocupación puesto que cuentan con una población de menos de 500 personas. De los 32, 18 tienen una población inferior a las 200 y 10 tienen menos de 100 individuos. Incluso se sabe de una población indígena con un solo miembro, un sexagenario que conoce todo, desde la religión y las tradiciones hasta la lengua. Toda una civilización reducida a una sola persona es un dato que genera escalofríos. La institucionalidad del país, por ejemplo la Corte Constitucional a través de sus autos, ha hecho un esfuerzo grande, pero no suficiente. Los pueblos indígenas se extinguen con el paso inclemente de los días y de los hechos.
Así como lo recalcamos hace unos meses en el marco de la exaltación de la Unesco a los pueblos Pirá Paraná (macuna, barazano, bará, edulia y tatuyo), nombrados como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, que sobrevivieron a la arremetida occidental y lograron no dejarse conquistar por los misioneros que en los años 80 trataron de imponerles a un dios desconocido y un lenguaje muy difícil, hoy lo repetimos: a los pueblos indígenas les falta mucha atención. Hacen falta más esfuerzos como los de la ONIC, que hoy decidimos resaltar. Hace falta una visión complementaria a las milenarias que hemos tenido siempre respecto de ellos. La Constitución de 1991 fue una apertura, pero aún falta un camino que trazar.
Con todo, con las masacres, con los indígenas asesinados año tras año, con el peligro vivido por el pueblo de los nukak-maku, denunciado internacionalmente, con los desaparecidos, la batalla por la supervivencia de lo nuestro debe continuar. No es de otra forma como puede honrarse el esfuerzo de esta organización. Llamar la atención en este punto es un asunto que no podemos dejar pasar. Este viernes la ONIC, junto a los pueblos indígenas que asistan (que ojalá sean varios, pese al miedo y la desconfianza, naturales, dada su posición en el mundo) darán un informe sobre los pasados 30 años. Un balance de los logros y las dificultades que se han presentado a lo largo de tres décadas. Será una conmemoración que podría redundar en el mensaje de no olvido. Mucho más grande es el debate de la problemática indígena y por ahí debería abordarse esta noticia, que no debe verse como algo aislado, sino como un asunto que trascienda.
EL NUEVO SIGLO
CONTRALORÍA ALISTA MANUAL DE PENSIONES PÚBLICAS
Con el fin de determinar si hay irregularidades en la entrega de pensiones del país, la Contralora General de la Republica, Sandra Morelli anunció que dio inicio a una auditoria.
“Para evitar nuevos desfalcos se prepara un informe sobre la situación actual y recomendaciones para el futuro”, afirmó la contralora Morelli.
“Haremos un estudio sobre pensiones que aunque legales sean desproporcionadas, no corresponden y que por lo tanto se necesite una recomposición legislativa”, explicó.
Así mismo la Contralora manifestó sigue en su posición de tener las competencias necesarias para investigar ese caso del carrusel de pensiones en la Judicatura.
CORTE DEJÓ ABORTO COMO ESTABA
Las objeciones del procurador Alejandro Ordóñez frente a la práctica del aborto fueron negadas por la Corte Constitucional al sostener que se trata de un derecho fundamental que debe ser difundido entre mujeres y adolescentes.
La Sala Plena negó la nulidad invocada por el Ministerio Público en un fallo de tutela en el cual la Corporación advirtió que era fehaciente el desconocimiento que tenían los colombianos acerca de los derechos de la mujer a interrumpir el embarazo en caso de aborto, malformación congénita del feto o riesgo para la salud de la madre o del bebé.
En este caso, la Corte negó la tutela, porque se trataba de un aborto que estaba fuera de las tres excepcionalidades, por cuanto advirtió que era evidente el desconocimiento que, frente al tema, dejaban ver las adolescentes.
REVISTA SEMANA
CORTE CONSTITUCIONAL DEJA EN FIRME EL ABORTO EN LOS TRES CASOS
La Corte Contitucional sigue entregando fallos sobre aborto.
La Corte Constitucional ha venido entregando fallos sobre el aborto en los que respalda lo Es inevitable que la Fiscalía pierda el impulso que llevaba por entrar en un periodo de interinidad. El presidente Juan Manuel Santos tendrá que presentar una nueva terna y la Corte Suprema deberá votar por un nuevo fiscal. Viviane Morales puede postularse.
La decisión de la Sala Plena del Consejo del Estado de anular la elección de la fiscal Viviane Morales (noviembre del 2010) deja al país con la sensación de que la justicia, tan urgida de una reforma que mejore sus falencias, va a quedar en un despelote.
Por eso, desde altos juristas hasta la gente del común se preguntan sobre los múltiples posibles escenarios. Todos ellos, difíciles de responder.
¿Qué va a pasar con los procesos que llevaba la fiscal Morales? ¿Quién asumirá el cargo? ¿El presidente Juan Manuel Santos tendrá que presentar una nueva terna? ¿Podrá Viviane Morales hacer nuevamente parte de esta?
Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado, aseguró que tan pronto se le notifique a la fiscal la decisión tomada este martes, deberá abandonar su despacho. El cargo tendrá que ser asumido en interinidad por Wilson Martínez, quien ni siquiera completa dos meses como vicefiscal.
Ese sería el designado, según lo advierte el exfiscal Guillermo Mendoza Diago, quien tuvo que pasar la misma situación. Pero Mendoza aclara: "yo estuve doce años como fiscal delegado ante la corte, tres años como vicefiscal, conocía la Fiscalía (...) La Corte Suprema puede elegir al actual vicefiscal, pero también puede considerar que otra persona asuma el cargo".
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia deberá proceder a nombrar un fiscal encargado mientras corrige su error.
Jaime Arrubla Paucar, magistrado de la Corte, acata la decisión a la vez que da un parte de tranquilidad: "(...) Ante esta circunstancia, la Corte Suprema de Justicia tomará los correctivos necesarios".
Para ello, la Corte Suprema deberá reunir su sala plena y por votación elegir a la nueva persona que se encargue de los destinos del organismo investigador. El nuevo fiscal deberá ser elegido por las dos terceras partes.
Pero como la Corte escoge de una terna enviada por el presidente de la República, la decisión obliga a que Juan Manuel Santos también tenga parte en este asunto.
El mandatario tendrá que postular tres canditados. Pero no significa que modifique la terna que presentó en septiembre del 2010. Porque el fallo del Consejo advierte que no se anuló la decisión el Ejecutivo.
"El Presidente tiene la facultad de evaluar si cambia o no la terna", explica Carlos Medellín exministro de Justicia.
Eso significa que Viviane Morales puede ser nuevamente candidata. Si esa es la decisión del presidente de igual forma tiene que buscar dos cantidados nuevos, porque de la misma terna Juan Carlos Esguerra es actual ministro de Justicia y Carlos Gustavo Arrieta (exprocurador) le dijo a Caracol Radio que no le interesa ser ternado.
Viviane Morales estará al frente de la Fiscalía por lo menos por dos meses más porque a la decisión del Consejo de Estado, explica Medellín, no le admite ningún recurso.
Para la Fiscalía empieza un periodo traumático. "La interinidad dificulta todos los procesos internos", dice Mendoza Diago. Y hasta los casos más delicados que reposan en el despacho del fiscal general en algo se van a afectar.
"(...) No quiere decir que los procesos más críticos se vayan al piso. Pero es cierto que los funcionarios se duermen a la espera de nuevas orientaciones. Todo entra en un proceso de adormecimiento", admite Mendoza Diago.
Los pronunciamientos más esperados son el de la fiscal Viviane Morales, quien deberá dar la tranquilidad al país de que esta decisión judicial en nada afectará delicadas investigaciones que adelantaba, y el del presidente Juan Manuel Santos, quien con urgencia deberá resolver este nuevo 'chicharrón'.
"CORTE NO PREVARICÓ, FUE UN ERROR ADMINISTRATIVO"
El presidente de la Corte Suprema, Javier Zapata, señaló que el tribunal acata y respeta el fallo judicial y reconoció que la elección de la fiscal se hizo sin haber cumplido un procedimiento especial.
Javier Zapata, presidente de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que respeta y acata el fallo judicial que anula la elección de la fiscal general, Viviane Morales. El magistrado reconoció que el tribunal sí cometió un error pero aseguró que no prevaricó.
“La posición no puede ser otra que respetar y acatar los fallos judiciales”, afirmó Zapata en diálogo con varias emisoras radiales.
Según el magistrado, “el tribunal no cometió prevaricato, pero sí un error desde el punto de vista administrativo. La elección de Viviane Morales en la Fiscalía se hizo sin haber cumplido un procedimiento especial”.
El presidente de la Corte reconoció que “la verdad es que a la Corte, para ese momento, le tocó decidir que las dos terceras partes se tomaban con los que estuvieran ahí, es decir, 18. Se hizo sin haber cumplido un procedimiento especial, sin convocatoria”.
Por último, el magistrado Zapata señaló que “ojalá que rápidamente entremos a elegir al magistrado que falta y aprendamos de los errores históricos. Tomar nota de que estas elecciones sean con espíritus patrióticos, dentro de los términos legales”.
“Para mí no es claro que los actos de la fiscal gocen de legalidad”: Jaime Lombana
El abogado Jaime Lombana aseguró que el fallo del Consejo de Estado es “muy grave para el país”, pero aseguró que era algo que se veía venir, pues “era evidente que había una contradicción sumamente protuberante entre una votación y otra”.
En diálogo con RCN La Radio, Lombana señaló que no cree en la tesis del prevaricato, pero dijo que “la Corte sí cometió un error, se llenó de orgullo y de antiuribismo y resolvió no elegir candidatos de esa terna cuando habían tenido más votos de los que eligieron a la doctora Viviane”.
Lombana declaró que para él “no es claro que los actos de la fiscal gocen de legalidad”, y fue más allá al decir que “si yo fuera la Procuraduría general, pediría inmediatamente la nulidad de preacuerdos, así como pedirán los abogados defensores en muchos casos antes los jueces de conocimiento para que evalúen los efectos jurídicos de esta declaratoria del Consejo de Estado”.
Según Lombana, “no le corresponde al Consejo de Estado determinar los efectos de los procesos, eso ya sería asunto dentro del mismo proceso. Tampoco es tan sólida la tesis de que no pasa nada en las actuaciones que ella haya realizado”.
“La interinidad debe ser solucionada con prontitud”: Juan Lozano
El presidente del Partido de la U señaló que acata y respeta el fallo del Consejo de Estado y explicó que ahora “inicia una nueva interinidad que debe ser solucionada con prontitud”.
Sobre la posibilidad de que Viviane Morales pueda volver a ser ternada para el cargo, aseguró que “el presidente tiene suficientes elementos de juicio para tomar la decisión que mejor considere”.
“A las instituciones les corresponde respetar las decisiones que toman las corporaciones”: Germán Varón
El representante Germán Varón aseguró que “comparte y acata la decisión” del Consejo de Estado y señaló que cree que “a las instituciones les corresponde respetar las decisiones que las corporaciones toman”.
Agregó que “es una decisión en derecho en un país que debe obrar dentro de esas normas”.
Varón dijo que “el fiscal que llegue va a tener unas prioridades que no necesariamente van a concordar con las que tenía Viviane”.
“Pedimos celeridad para superar la interinidad”: Efraín Cepeda
El presidente del Partido Conservador aseguró que en esa colectividad “hemos venido anotando que somos respetuosos de los fallos judiciales, que se deben acatar”.
Efraín Cepeda agregó que “lo que sí pedimos es celeridad para superar la interinidad y que el presidente Santos presente pronto una terna de lujo”.
Sobre la actuación de la fiscal Viviane Morales, comentó que fue “una gestión seria, importante, le puso su propio sello y aceleró muchos procesos que estaban quietos, aunque por supuesto quedan muchos pendientes. A mí me pareció, en lo personal, una gestión seria y positiva”, concluyó.
“Evidentemente hay una situación política muy compleja”: Lucho Garzón
El vocero del Partido Verde declaró que “aceptar, acatar y comprometerse con las decisiones judiciales es un deber”.
Sin embargo, señaló que “evidentemente hay una situación política muy compleja” que va a generar debate.
CMI
LA CORTE CONSTITUCIONAL LANZA ADVERTENCIA A LA PROCURADURÍA
La Corte Constitucional advirtió que la Procuraduría General no puede solicitar que se investigue a las mujeres jueces, médicos y otros funcionarios que intervengan en el proceso de interrupción voluntaria del embarazo.
El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al negar la nulidad que había presentado el Procurador, Alejandro Ordóñez, contra una sentencia que hablaba del aborto en los tres casos despenalizados como un derecho fundamental.
La Corporación señala que no se puede perseguir a quienes utilizan la tutela como mecanismo para hacer valer sus derechos, en este caso a la interrupción voluntaria del embarazo cuando la vida de la madre o del bebé se encuentre en peligro, o cuando el embarazo sea producto de una violación.
Los magistrados agregan que ningún funcionario puede pedir que se revele el nombre de la mujer o el médico que intervenga en el aborto cuando los jueces ordenen la reserva de los nombres de todos los participantes.
En el fallo la Corte ordena que se investigue a un médico y a un juez que violaron esa reserva enviando una información que el Procurador había solicitado.
UN CASO INSÓLITO EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, A PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE CHUZADAS
Un caso bien curioso se ha presentado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde un grupo de magistrados, por medio de un abogado, entuteló a tres magistrados titulares y seis conjueces de la misma sala.
La historia es así: el caso acaba de ocurrir nada menos que en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sucedió que los magistrados titulares María del Rosario González, Augusto Ibáñez y el magistrado auxiliar Iván Velásquez presentaron, a través de un abogado, una tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá, contra sus compañeros magistrados titulares y conjueces de la misma sala. En esa tutela se pide la nulidad del proceso contra Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado porque, según ellos, no se han incluido todas las víctimas en el tema de las chuzadas. Además, los magistrados de la Corte Suprema que presentaron la tutela dicen que no se consideran representados por los abogados de las víctimas, que hoy también son abogados del alcalde Gustavo Petro y de la exsenadora Piedad Córdoba.
En la historia de las Cortes de este país jamás se había presentado una situación similar, en la que magistrados de una sala entutelan a magistrados de la misma sala por apartarse de la decisión de la Sala Penal, a la cual unos y otros pertenecen.
A uno de los magistrados de la Sala Penal, un agente 001 le preguntó si no le parecía exótica semejante tutela y respondió: «Pues tan exótico como haber chuzado a la Corte».
Lo cierto es que este tipo de tutela no tiene precedentes.
LA CORTE CONSTITUCIONAL ALISTA FALLO DE PROTECCIÓN A FAMILIAS DESPLAZADAS Y ENGAÑADAS
La Corte Constitucional se encuentra estudiando el caso de 160 familias del barrio Marruecos, en el sur de Bogotá, que interpusieron una tutela en contra del desalojo ordenado por un juez.
En la tutela se argumenta que las familias fueron engañadas por urbanizadores piratas que les vendieron unos terrenos de manera ilegal, donde ellos levantaron sus casas. La Sociedad Ladrillera Molinos del Sur, dueña de los terrenos, inició un proceso para que las personas fueran desalojadas del sector y la diligencia se realizó los primeros días del mes de enero, a pesar de las súplicas de la gente. En ese momento, muy justamente, la Corte Constitucional intervino y ordenó suspender el desalojo. Ahora está próxima a tomar una decisión en este caso, que considera una violación al derecho de las personas a tener una vivienda digna, cuando han pagado por ella, pero fueron engañadas. La Corte discute la propuesta de un magistrado, de ordenarle al Distrito que compre esos terrenos o que reubique a todas las familias para garantizarles un lugar donde vivir. El magistrado Nilson Pinilla tiene a su cargo la redacción de la ponencia.
La decisión la tomará la Corte de un momento a otro y ojalá se les reconozcan los derechos a las personas engañadas.
CARACOL RADIO
EN FIRME EL ABORTO COMO DERECHO FUNDAMENTAL EN TRES CASOS DESPENALIZADOS
La Sala Plena de la Corte Constitucional no accedió a la nulidad que pidió el procurador Alejandro Ordóñez para dejar sin piso el fallo de este mismo tribunal que señala como derecho fundamental la interrupción voluntaria del embarazo.
La Corte hizo la claridad que el procurador no puede investigar a médicos o funcionarios que aparezcan en los procesos de tutela.
La Sala Plena del alto tribunal dejó en firme el pronunciamiento en el que señala que el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo surge de la obligación de garantizarlo en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.